“Mutilaciones tan burdas de orejas y rabos, y sobre todo veterinarios
que tapen eso, en los tiempos que estamos, la verdad, sorprende. Se
trata de pegarle un tajo y dejarle las orejas al aire”. La estupefacción
de fuentes cercanas al último caso de maltrato animal es patente. Una
veintena larga de cazadores de Huelva han cortado orejas y rabos a
cientos de perros con sus propias navajas, en pleno campo y alejados de
un quirófano.
Las consecuencias son heridas abiertas que tardan años en cicatrizar o
nunca se cierran del todo, con el objetivo de ahorrarse 40 euros por
cada perro que evita la clínica veterinaria. La ley tipifica estas
operaciones estéticas como delito desde 2003 en Andalucía. Sin embargo,
lo más sorprendente de estos casos que instruyen varios juzgados
onubenses es que las mutilaciones contaron con la connivencia de seis
veterinarios, detenidos por falsificar los permisos de estas operaciones
ilegales.
La Operación Ears (orejas) del Seprona
comenzó hace un año y permanece abierta. De hecho, la cifra de 32
detenidos aumentará previsiblemente hasta los 50 cazadores y dueños de
perros de raza pitbull imputados (investigados según la nueva
denominación) por maltrato animal en tres comarcas (la Sierra, el
Condado y Huelva).
Tras la intervención de la Fiscalía de Medio
Ambiente, esta semana un juez ha condenado a 10 meses de prisión al
primero de los cazadores, según fuentes del caso. La gran mayoría de los
imputados se han negado a declarar tras su detención. Sin embargo, en
privado han alegado que estos cortes en orejas y rabos son una tradición
“ancestral” que se ha realizado “toda la vida” para evitar que las
zarzas dañen a los perros, por lo que ellos solo continuaban una
tradición rural.
El Servicio de Sanidad Animal de la Junta de Andalucía y el Consejo
Andaluz de Colegios Veterinarios han colaborado con el Seprona para
determinar la connivencia de los seis profesionales imputados. Desde
2003 la Ley Andaluza de protección de los animales califica de
infracción muy grave las mutilaciones “con fines exclusivamente
estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios”.
Por ello muchos cazadores onubenses han viajado durante años a clínicas
veterinarias en Extremadura para realizar estos cortes y así evitar la
legislación andaluza.
Sin embargo, el año pasado algunos cazadores presentaron ante las
inspecciones de los agentes certificados de veterinarios de dudosa
procedencia, con un solo documento para varios perros. Y esto levantó
las sospechas de los agentes, que comenzaron a indagar en diferentes
núcleos zoológicos donde los cazadores conservan sus rehalas (agrupación
de canes), formadas habitualmente por 24 perros.
Alfonso Aguado, presidente de la Asociación Española de Rehalas,
dispara contra la investigación con amenazas veladas: “Es una actuación
manifiestamente injusta de la Guardia Civil. Si se detiene por este
motivo, entendemos que la que está situándose fuera de la ley es la
autoridad. A partir de ahí, hablamos”.
Aguado admite que su asociación intenta -no siempre con éxito- que
los cazadores realicen las intervenciones “con garantías sanitarias”,
pero a continuación defiende a su colectivo: “Expresamos nuestra
protesta porque nos han tratado a palos. Si lo que buscan es el
bienestar de los perros, lo que tienen que hacer [los agentes] es hablar
en vez de ir a detener a los rehaleros”. El presidente de los rehaleros
rechaza que estas operaciones sean “intervenciones estéticas” y
consideran que mutilar las orejas “beneficia a los perros”.
La Fiscalía de Huelva confirma que estos casos de maltrato animal
presentan carácter “grave”: “Es crueldad sin anestesia, y por ahorrarse
el veterinario. El dueño es consciente de que el animal sufre”, destacan
fuentes del ministerio público. Dichas fuentes subrayan que algunos de
los perros mutilados presentaban heridas muy recientes sin cicatrizar,
incontinencia urinaria después de que les seccionaran el rabo con
navajas, y temor a los humanos por el maltrato recibido.
Las noticias sobre maltrato animal son cada vez más frecuentes,
pero en paralelo la legislación recoge poco a poco la sensibilidad de
los ciudadanos y colectivos por los derechos de los animales. Uno de los
sucesos más sorprendentes se dio hace menos de un año cuando en una
playa de Huelva un propietario ató su perro a una piedra para que muriera por la subida de la marea.
FUENTE: El País
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